PROGRAMA elecciones generales_20nov2011.pdf

Mesa Presidencial de la Asamblea de IU

María del Rosario Bilbao encabezará las listas de Izquierda Unida de León al Congreso para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Así se decidió ayer en la asamblea extraordinaria que el partido celebró en la sede del Partido Comunista en la capital leonesa. Respecto al cabeza de lista para el Senado, el partido ha anunciado que hará público su nombre esta semana.

Durante la asamblea también se eligió a Santiago Ordóñez como nuevo coordinador provincial de IU en León, ocupando así la vacante que dejó Miguel Ángel Fernández. Asimismo se eligió al nuevo consejo político provincial, con 18 miembros, del que más de la mitad son nuevos. «Ha habido una renovación importante y hay gente con mucha ilusión por cambiar las cosas. Queremos romper la situación de bipartidismo que existe en nuestro país», explicaba ayer Eloína Terrón, portavoz de IU.

Mañana el nuevo consejo político provincial celebrará su primera reunión, donde prevén comenzar a diseñar la línea programática que regirá para las próximas elecciones.

Aún así, para la elaboración de este programa, Izquierda Unida quiere realizar asambleas abiertas a los ciudadanos, para que éstos puedan sugerir las líneas de actuación políticas con las que IU de León diseñará su programa para los comicios generales, según afirma el coordinador de campaña electoral del partido, Paco Sánchez.

El objetivo es que sea un programa abierto a la opinión de los votantes, algo que IU también promoverá en el territorio nacional. A partir del programa nacional que elabore el partido se cerrará después el programa provincial.

En el caso de los nuevos cargos, la elección de Santiago Ordóñez se realizó por mayoría de votos -sólo uno en contra- mientras que las listas para los comicios generales fueron consensuadas, explica Sánchez. «Estamos contentos, hemos visto mucha participación. Ha estado representada toda la provincia y hay voluntad de trabajo», añade.

 

Santiago Ordóñez asume la dirección provincial de IU. Ocupará el cargo hasta la próxima asamblea ordinaria

Santiago Ordóñez

Recalca que lo importante es el qué y no quién pero los cargos tienen nombre propio y Santiago Ordóñez es desde ayer el nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida en León.
“Es una tarea que me ha encargado la asamblea, ha habido una alta representación territorial en la elección, los asistentes no han estado teledirigidos por nadie y lo importante es que toda IU está alrededor de un proyecto”. Así resume el recién designado la decisión que le ha llevado a asumir las riendas de la coalición en la provincia.
Una tarea que desempeñará, en principio y con vocación de continuidad, hasta que la coalición convoque una asamblea ordinaria, cita que podría tener lugar en un plazo que no se espera inferior a un año, después del proceso que iniciarán pasadas las elecciones generalesque se celebrarán el próximo 20 de noviembre.
El Consejo Político Provincial de Izquierda Unida elegido ayer en asamblea extraordinaria fue el que propuso a Ordóñez hacerse cargo de la coordinación y una vez aceptado el respaldo fue prácticamente unánime, sin votos en contra y con una sola abstención contabilizada.
“Voy a intentar que las cosas que han sido positivas en el ámbito local pasen a la dirección provincial” comenta después de reconocer que asume el cargo como un “proyecto ilusionante”.
Su objetivo, remarca, es que IU logre expandirse en el territorio leonés y que además de ser catalizador de los pensamientos y corrientes de izquierdas pueda convertirse en “una digna representante de la provincia”.
De forma inmediata, la coalición se centrará lógicamente en el proceso electoral del 20-N y el siguiente reto pasará por definir las líneas de futuro que la formación se plantea en el contexto de la provincia de León.
Santiago Ordóñez insiste en que él es uno más de una organización cuya situación, sintetiza es “hoy mejor que ayer y un poco peor que mañana”.

Eloína Terrón Bañuelos (concejala de IU en San Andrés) 07/09/2011 (Tribuna en Diario de León)

El proyecto de nuevo artículo 135 de la Constitución Española que tanto PSOE como PP han aprobado en el Congreso de los Diputados, no sólo habla «estabilidad presupuestaria» y de «limitar el déficit público» en el marco constitucional. Los líderes de ambos partidos no han explicado la letra pequeña de este proyecto. El nuevo artículo 135 indica que «los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones estarán incluidos en los presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». Esta prioridad, ¿está por encima del pago de pensiones?, ¿del pago del desempleo?, ¿del pago de los salarios de los empleados públicos?, ¿del pago de bienes o servicios prestados por proveedores a las administraciones públicas?, del gasto en sanidad y en educación?… Con esta nueva Constitución la prioridad será el ajuste presupuestario y la deuda, no el empleo ni la política social. Irán antes los mercados que la ciudadanía.

No se trata de que «no podamos gastar tanto» o que «no podemos gastarnos lo que no podemos pagar». ¿Alguien nos pidió opinión para gastar millones de euros en cheques—bebé, independientemente de las necesidades y la renta de quién lo recibía? ¿Nos piden opinión, quizá, cuando aún destinan millones de euros a mantener operaciones militares en Afganistán o Libia? ¿Nos preguntaron cuando anularon el impuesto de patrimonio o rebajaron el de sociedades? ¿Cuando se quitó el impuesta sobre los artículos de lujo que gravaba estos productos al 28%? ¿Quién gastó? ¿Para qué se gastó? Durante estos años el déficit público ha ido en aumento, debido a las concesiones que tanto PSOE como PP han ido haciendo a la Banca y a las grandes corporaciones y a las rentas más altas, como la inyección de dinero público a la Banca, el no gravar las SICAV, la privatización de empresas públicas rentables, el no perseguir el fraude fiscal, etc. Y a una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en el 2010 las rentas del trabajo pagamos cuatro veces más impuestos que los beneficios del capital).

Parece pues que se quiere constitucionalizar que, una vez que se ha desvanecido la burbuja inmobiliaria, los platos rotos los van a pagar los trabajadores y trabajadoras, los parados y las paradas, los y las autónomas y pequeñas empresas. Cuando viene la época de las vacas flacas se afirma que todos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades y que es responsabilidad de todos el déficit acumulado. Sin embargo a los sectores financieros y bancarios hay que rescatarlos con inyecciones de los impuestos colectivos. Para los demás, ajuste presupuestario y apretarse el cinturón, cuando ya no nos queda ni pantalones. Así lo mandan los mercados, que son insaciables y que nada les parece suficiente para engordar su cuenta de dividendos y beneficios. Es así como los mercados exigen más sacrificios en el altar del capitalismo: constitucionalizar que será prioritario y habrá que anteponer el reducir el déficit a los gastos sociales y las políticas de empleo. Este es el mandato de los mercados y los gobiernos conservadores de Alemania y Francia les rinden la obediencia debida y exigen a Zapatero que institucionalice en la Constitución esta política de recortes sociales, que conlleva mermar el dinero que el Estado invierte en lo público, es decir, en los derechos sociales como sanidad, educación o pensiones, dedicándolo primero a paliar el déficit.

Pero no olvidemos que esta reforma no sólo tiene repercusión en las cuentas del Estado, sino también en los de las comunidades autónomas y por ende en los ayuntamientos. Son muchas las competencias que los Ayuntamientos tienen, más las que a veces ofrecen complementando o sustituyendo a otras administraciones, y la gran mayoría de ellas se encuentran relacionadas con cuestiones que afectan al bienestar de la ciudadanía y al día a día de las localidades del municipio. Si ahora recortamos las posibilidades de mantener las inversiones municipales, sobre todo ahora en tiempos de crisis, cuando son más necesarias que nunca, los equipamientos públicos o la actuación de los servicios sociales quedarán en una situación muy comprometida.

¿Quién hará frente a los servicios que hoy prestan a los ciudadanos los ayuntamientos ante la falta de agilidad o compromiso de las Comunidades Autónomas? Es decir a las políticas de atención a la dependencia, apoyo al empleo, al desarrollo local,… ¿Quién sostendrá el importante volumen de empleo que suponen estas políticas? Estas medidas, elevadas a rango constitucional, van a afectar al Estado del Bienestar que ahora a duras penas mantenemos. De esta forma, este proyecto prioriza el ajuste a través de la Constitución frente a las políticas sociales, lo cual afecta profundamente a los Ayuntamientos.

Y lo más grave es que se quiere hacer de espaldas a la ciudadanía. ¿Ante un cambio tan profundo en nuestra Constitución, por qué no preguntar a los ciudadanos y ciudadanas? Esta es la verdadera democracia. Ni el PSOE ni el PP llevaban esto es su programa electoral de 2008. Entonces no están legitimados —moralmente— para hacer estos cambios. Es más, en esta decisión sobre todo, porque supone una pérdida de soberanía nacional, porque es un ‘golpe de mercado’ contra la autonomía de la política y contra el Estado de bienestar, dado que la consolidación del déficit cero en la Constitución supondrá consolidar políticas de ajustes y recorte de derechos sociales ante cualquier crisis. Y porque es necesario un referéndum puesto que esta reforma afecta al Título Preliminar, que define a España como Estado social.

Esta crisis está desvelando con claridad el papel instrumentalizado y subordinado de estos partidos políticos: PSOE y PP. El poder económico dictamina la política que tienen que hacer. Los mercados imponen la orientación económica y la vida política está cada vez más supeditada a sus indicaciones. Es cada vez más dictatorial y está alejada de cualquier objetivo relacionado con el bien común. Debemos cambiar esto y exigir un referéndum ya.

El procurador de Izquierda Unida, José María González, en una intervención pública

El regreso de IU a las Cortes regionales recupera otra forma de hacer y estar en política.

Cíclicamente, los gobernantes suelen echar mano de una coletilla tan falsa en su contenido como errónea en su planteamiento: «Los sueldos en política son tan bajos, que es imposible atraer a los buenos profesionales del sector privado que estuvieran dispuestos a desarrollar una actividad pública». Esto es falso de cabo a rabo porque los sueldos en política no son bajos. Esa es una afirmación errónea de base porque si para que alguien dé el paso del sector privado al público ha de encontrar en la nómina mensual el único aliciente, adiós al componente de servicio a la sociedad que se ha de suponer como eje de la acción pública.

El regreso de Izquierda Unida a las Cortes de Castilla y León, después de más que una dramática, y en algunos tramos agónica, travesía del desierto demuestra que el sueldo no es por lo que muchos no entran en política (y cuando se dice sueldo añádanse el resto de prebendas, como coches oficiales, ordenadores portátiles más propios de ingenieros de la NASA, bonos de viajes gratis en tren y el largo etcétera de añadidos a modo de complementos mensuales).

IU tiene un escaño en las Cortes regionales. Solo uno. Por eso no dispone de grupo parlamentario propio, ya que la normativa vigente obliga a haber obtenido un mínimo de cinco parlamentarios para formar grupo. Comparte, por tanto, el cajón de sastre que es el grupo mixto en cualquier cámara. José María González, actual máximo representante de la coalición de izquierdas en las Cortes, se sienta en ese grupo con la Unión del Pueblos Leonés. Es lo que tienen los grupos mixtos, albergan a lo más variopinto de las ideologías bajo el mismo paraguas parlamentario. Como son dos los procuradores de este grupo y las Cortes establecen nómina de 71.766 euros para portavoz y adjunto (equiparable a consejero del gobierno), pues una para IU y otra para UPL. Cabe pensar que si uno llega a las Cortes a su trabajo político y éstas le tienen asignado una nómina de no te menees (como lo es la de un portavoz parlamentario), pasa a cobrar ese dinero. Y así es&hellip menos en el caso de Izquierda Unida de Castilla y León.

Las formas, las formas. Qué necesarias cuando se habla de política. ¿Saben lo que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León nada más llegar a la Cámara? Cobrar lo mismo que cobra como maestro de escuela, que es a lo que se dedica vocacional y profesionalmente en el ámbito de la educación de adultos. Evidentemente no hay un maestro en Castilla y León, aunque tenga siete licenciaturas y un Premio Nobel en su currículum, que cobre lo que un portavoz de las Cortes (71.766 euros). El gesto de González echa por tierra esa teoría con la que arranca este artículo: Se puede llegar a la política sin que el imán de atracción sea la nómina. Claro que, comparando la de un portavoz parlamentario con la de un maestro de escuela, ésta no llega a las dos terceras partes de aquella ni con setecientos trienios a cuestas. Con lo cual, y en lenguaje de calle, a IU le sobraría dinero en las Cortes del sueldo de su portavoz. ¿Saben lo que ha hecho la coalición de izquierdas? Con el dinero que deja de cobrar José María González como portavoz, porque cobra lo que recibiría como maestro, han sido formalizados dos contratos, uno a jornada completa y otro a media jornada, que es para lo que da el dinero llamémosle sobrante; dos personas entrarán a trabajar en tareas técnicas parlamentarias para ayudar al único procurador de IU en su trabajo político. Es toda una demostración de que el dinero público al servicio de partidos y grupos políticos puede ser aprovechado de otra forma a la que nos tiene acostumbrados los grandes partidos

La técnica de González no es nueva, como no lo es la filosofía que la inspira. El palentino Antonio Herreros en su casi dos décadas en la Cámara, aplicó el mismo criterio: Percibía por su trabajo parlamentario el equivalente a lo que dejaba de percibir de su sueldo como médico psiquiatra del servicio público de salud de Castilla y León. Pero esa larga travesía del desierto que ha pasado IU los últimos ocho años al estar extramuros de las Cortes ha hecho que se nos olvidara tan saludable práctica, que el propio José María González mantuvo los 14 años que fue edil en la capital abulense: no cobró más que lo que percibía como maestro de escuela.

Vuelve así a las Cortes de Castilla y León la posibilidad de comparar lo que unos (populares y socialistas) y otros (IU) hacen. Y alguien ha debido pensar en el partido mayoritario de la oposición que esa comparación siempre va a ser contraproducente para el PSOE. Solo así se entiende la negativa que inicialmente hubo en las filas socialistas a ceder espacio físico en las Cortes para que IU dispusiera de despachos propios, en lugar de quedar relegada a compartirlos con la UPL, como quería imponer el PSOE. Al final, echando cuentas del espacio disponible y dividiéndolo por el número de procuradores resultó que el PP tenía menos metros cuadrados de los que ocupaba y el PSOE de más. Pero fue el PP quien cedió espacio para IU.

El PSOE digiere mal que a su izquierda haya izquierda.

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110904/castilla-leon/izquierda-vuelto-20110904.html

Es importante actuar en el momento en que se toman las decisiones, una vez tomadas ya solo nos quedará el lamento.

Nos venden milagros y paraísos de salvación si nos sometemos al dios mercado. Nos piden sufrir ahora para ser felices después. Pero la reforma constitucional no sólo hipoteca nuestro presente, sino que hipoteca el futuro de nuestros hijos e hijas que vivirán mucho peor, debido a las decisiones que se están tomando.

IU provincial considera que el reformazo de la Constitución, pactado por el PSOE y el PP, es un agravio a las personas trabajadoras que pagamos impuestos, a los pequeños empresarios, a los autónomos y autónomas, a los que contribuimos a que existan servicios públicos de calidad para el bien común. Las grandes fortunas –que son los que evaden los impuestos, los que menos pagan en relación a sus rentas-, no los necesitan, ni necesitan un sistema público de pensiones, ya blindan su retiro dorado y ya tienen su sanidad y educación privadas de élite.

Por esta razón IU provincial se suma a las movilizaciones contra este ataque a nuestra soberanía y nuestra constitución. Una constitución que establece que España es un Estado Social y establece que asegurar los servicios de atención a las personas está por encima de los intereses y beneficios de los accionistas, que especulan con la deuda para conseguir más beneficios privados. Una deuda de no es de la Administración del Estado por garantizar los servicios públicos y las pensiones o la creación de empleo, sino que es una deuda fundamentalmente privada, fruto de los juegos de casino y la especulación financiera.

Esta reforma va a tener una honda repercusión en el ejercicio de lo que pueden hacer los ayuntamientos de nuestra provincia, en la prestación de servicios y derechos por parte de la Junta de Castilla y León. Aunque los programa de recortes que están destruyendo miles de empleos, especialmente en educación y sanidad, los denominen con términos como “blindaje de servicios públicos” que dice la Junta o “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” que dice el Gobierno manchego.

El argumento de que una familia no puede gastar más de lo que ingresan oculta que una familia seria y responsable revisa si puede conseguir más ingresos para cubrir las necesidades básicas familiares, si está dejando que alguno de los hijos mayores y más fuertes se lleve el dinero y atraque la nevera colectiva. Una familia seria y responsable cuida de todos sus hijos e hijas y les da estudios y los lleva al médico cuando están enfermos, pero no deja que unos lo tengan todo y otros nada. Una familia seria y responsable sobre todo mira que todos los miembros aporten a la familia en función de sus ingresos, no que algunos escondan el dinero que ganan en paraísos fiscales y no paguen nada del alquiler y los gastos de casa, en función de sus ingresos.

No podemos dejar que nos sigan engañando.

IU se suma a la convocatoria de los Sindicatos UGT y CCOO y Organizaciones Sociales del día 6 a las 12,30 frente a la Subdelegación del Gobierno exigiendo que no se sustituya la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas por la soberanía de los mercados.

IU pide a la ciudadanía que participar en las actividades que se celebrarán a lo largo del día 6 y preparadas por colectivos, sociales, sindicales y políticos contra la reforma constitucional aprobada por el PSOE y el PP.

Señor Consejero: En primer lugar, mi felicitación por su estreno al frente de la Consejería.

Don Antonio María Sáez, comparece ante esta Comisión justo en el momento en el que el acuerdo pactado por el gobierno del señor Zapatero y el Partido Popular para realizar una reforma exprés de nuestro texto constitucional fija un límite del déficit público. Esta “operación urgente”, hecha con la alevosía del mes de Agosto, tiene su repercusión en la materia y en el programa de gobierno en materia de Sanidad que hoy le hemos escuchado.

Gastar menos, presionar fiscalmente sólo a los asalariados y dejar libres de cargas a las grandes fortunas, este es el programa neoliberal que, como se ve, defienden al alimón Partido Popular y Partido Socialista en nuestro país y por extensión en Castilla y León. Casi no merece la pena entrar en la discusión de sus propuestas de gobierno, cuando el futuro del derecho a la salud viene marcado por estas y sucesivas medidas antisociales. Si a esa espada de Damocles unimos la problemática realidad de la sanidad actual, el futuro del derecho a la salud de los castellanos y leoneses se complica.

El problema de las listas de espera es crónico. La Administración lo trata estadísticamente, pero detrás de cada número hay nombres y apellidos y un sufrimiento concreto que se prolonga durante semanas, durante meses, en cada provincia y en casi todas las especialidades: Traumatología, Oftalmología, Dermatología, Urología… ¡Ah!, y no hablamos sólo de listas de espera quirúrgicas.

Las únicas medidas que saber tomar la Junta, tienen que ver con derivar pacientes hacia la atención privada pagada con recursos públicos. En Izquierda Unida estamos convencidos de que potenciar la dedicación exclusiva, vigilar la incompatibilidad y garantizar, con sistemas adecuados de organización del trabajo, la rentabilidad de la tecnología sanitaria y de los recursos hospitalarios, redundaría en la disminución de las listas de espera.

A ese problema se añade desde hace unos meses la escandalosa escasez de materiales sanitarios y quirúrgicos elementales. La señora Cospedal ha puesto en pie de guerra a las farmacias de Castilla la Mancha. Aquí, en Castilla y León, las cosas, ciertamente, ustedes las hacen con más discreción. Sencillamente ni actúan para solucionar los problemas, ni mucho menos se habla de ellos.

El presidente Herrera afirmó en esta casa en su discurso de investidura que la Junta defendería a ultranza los servicios públicos y que no habría en lo sucesivo más externalizaciones (eufemismo para indicar la privatización con dinero público). Pues bien, señor Consejero, usted ha estrenado el cargo con una contundente externalización de servicios hospitalarios. En Zamora ha hecho un concierto con el hospital privado de Recoletas; en León cierra durante el verano una planta del Hospital Monte San Isidro y deriva los pacientes al hospital privado San Juan de Dios y otros;
en Ávila, en este caso, servicios que tenían un coste estimado alrededor de 80.000 euros se ofrecen a la gestión privada con un fuerte incremento del costo. Señor Sáez, espero equivocarme, pero creo que con esta apertura de su mandato queda retratada su actuación futura. En cuanto a los beneficios de esas privatizaciones sólo hay que constatarlos en el desastroso servicio asistencial del hospital de Burgos, uno de los centros más endeudados, por cierto, de toda la Comunidad.

Decía antes que la deuda de la Junta castellano manchega con las farmacias había creado un estado de carencia grave en aquella Comunidad, pero los más de 320 millones de deuda que el gobierno de Castilla y León mantiene con el sector farmacéutico se ocultan a la opinión pública, así como los 200 y pico millones que se adeudan por el material sanitario usado en la actividad hospitalaria, de ahí que el personal de enfermería de los hospitales tenga que improvisar medidas prehistóricas para el desempeño de su labor. Y por cierto, los datos de Farmaindustria, respecto a la deuda del Sacyl, con un retraso en el pago cercano a los dos años, está muy por encima del plazo medio nacional , que es de 410 días.

Si en el ejercicio presupuestario anterior destinaban más de un tercio a llenar las cuentas de beneficios de las empresas privadas, veremos qué porcentaje del dinero de los castellanos y leoneses desvía su Consejería hacia la “iniciativa privada”, una versión carpetovetónica del riesgo empresarial basado en la subvención pública en base a servicios públicos esenciales no gestionados ni con eficacia ni con eficiencia.

Le pido, el fin inmediato de esas prácticas privatizadoras que abren agujeros en la presupuestación y que dedican los recursos públicos a beneficios económicos privados en lugar de a generar beneficios sociales. Es urgente la contención del gasto farmacéutico con el que se beneficia a los grandes laboratorios, implantando el medicamento genérico y controles estrictos sobre recetas.

En vez de trabajar para el desmantelamiento del Sistema Público de Salud, tenemos que ir con urgencia hacia un Pacto de Comunidad por la Salud Pública en el que se garantice la universalidad del Sistema Nacional de Salud, se establezca la atención médica integral en términos de prevención, la promoción de los usos saludables, el control de la medicamentalización innecesaria, el desarrollo de las tecnologías sanitarias y el fomento de la investigación médica universitaria. Pacto por el Derecho a la Salud gratuito, sin copagos que son repagos.

Se ha de apostar por la Atención Primaria, completando la red de centros de salud de forma racional, aumentando la plantilla y dotando de equipación a los mismos, con una atención mínima de 10 minutos por paciente.

Establecer una Red Pública de Hospitales Comarcales (Valle del Tiétar, Ciudad Rodrigo, Benavente, Montaña Palentina, Benavente, etc.), aprovechando en su caso inversiones sanitarias previas como Centros de Especialidades ya existentes, debe dejar de ser una apuesta electoralista y de enfrentamiento entre los partidos mayoritarios.

Urge tener una red pública de ambulancias medicalizadas con base en las ciudades y cabeceras de comarca con una ratio de una por cada 25.000 habitantes.

Se ha de incluir dentro de la red pública la atención integral de las enfermedades crónicas (esclerosis múltiple, fibromialgia, alzheimer y otras), que actualmente se realiza a través de las entidades sociales.

Urge establecer, dentro de la Mesa Sectorial de Salud, un calendario de negociación que defina las plantillas de personal de Primaria y Especializada y resuelva el problema de interinidad (sin prorrogar más de 1 año la interinidad o eventualidad), y un Plan de Ordenación de Recursos Humanos (parece que por ahora está durmiendo el sueño de los justos). Con él se optimizarían los recursos existentes y se evitaría la irracionalidad y el despilfarro.

La Junta debe facilitar el acceso a una Muerte Digna dentro de los servicios sanitarios, consensuando la normativa y posibilitando los recursos necesarios dentro de las instituciones públicas para toda la población. Así como crear Unidades del Dolor en todos los hospitales.

Se hace imprescindible la aplicación y desarrollo del Plan de Salud Mental con adecuación de los centros para cumplir las funciones de una psiquiatría social y posibilitar unidades de salud mental en cada centro de salud. Lo mismo se necesita con los programas y grupos de ayuda por cambiar de actitudes y conseguir la consecución de objetivos en patologías adictivas (tabaco, alcohol, ludopatías, etcétera.)

Además de incluir los métodos de control de la fertilidad de última generación en la financiación pública, se ha de garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de todos los Hospitales de la Red Sanitaria Pública.

Mejorar la prevención, para mejorar la salud obliga a ampliar la edad de inicio del programa del cáncer de mama a los 45 y continuar hasta los 69 años. Igualmente hay que iniciar el programa de criba del Cáncer colorrectal para el 100% de nuestra población entre los 45 y 69 años. Así como la prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Señor Consejero, este procurador y el grupo político al que pertenece reiteran, como en otras comparecencias, su plena disposición para trabajar por Castilla y León.

Gracias.

José María González Suárez

Portavoz del Grupo Mixto